COVID-19: Se requieren medidas urgentes de estímulo económico y respecto al lugar de trabajo

La rápida y amplia propagación del coronavirus-2 del síndrome respiratorio agudo grave (SARS-CoV-2) y la enfermedad que ocasiona (COVID-19) requieren una urgente respuesta global para proteger la salud al tiempo y estimular la economía. Gobiernos y empleadores deben actuar para proteger a los trabajadores/as y frenar la transmisión en los lugares de trabajo.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) ha advertido ya que el coronavirus podría ocasionar una crisis económica similar a la recesión registrada en 2008. Resulta evidente la necesidad de que los Gobiernos actúen de manera coordinada y junto con las instituciones multilaterales para proteger la economía y mantener a las personas en el trabajo. La economía global necesita un estímulo económico que llegue a la economía real, a los trabajadores y a las pequeñas empresas, dando prioridad al empleo, el sustento y las comunidades. Es esencial apoyar los ingresos de todos los trabajadores, incluyendo los empleados a tiempo parcial, migrantes, no residentes, con empleos precarios o en la economía ‘gig’ e informal.

Los trabajadores y trabajadoras están en primera línea del impacto económico, social y sanitario del coronavirus COVID-19. De no protegerlos se incrementará la propagación de la enfermedad. Hay que tomar medidas especiales para conceder el derecho a bajas remuneradas por enfermedad a todos los trabajadores que no lo tengan, y mejorar las disposiciones en caso de enfermedad ahí donde existan, además de garantizar condiciones y arreglos de trabajo que ofrezcan la debida protección.

Los trabajadores que dependan de empresas de plataformas para su empleo deberían tener acceso a la protección social y la debida compensación de fondos a cargo de las propias empresas.

El mundo se enfrenta a una crisis inmediata y potencialmente grave. La propagación del virus a los países más pobres, donde la infraestructura y los servicios sanitarios son inadecuados, podría tener consecuencias catastróficas para cientos de millones de personas. A ello se suman las enormes presiones ejercidas sobre los sistemas de salud a causa del COVID-19 que podrían provocar nuevos desafíos considerables a la salud pública.

Aunque los trabajadores de todos los sectores se exponen a riesgos, son los profesionales de la salud los que están obligados a asumir la carga inmediata de las medidas de mitigación y tratamiento. En muchos países la financiación de la sanidad es insuficiente o la población no está cubierta por un sistema de salud, e incluso ahí donde los sistemas figuran entre los mejores del mundo, las consecuencias del COVID-19 podrían ser tremendas. La respuesta mundial ha de dar prioridad a esta cuestión.

Conforme se extiende el impacto del virus, el diálogo entre sindicatos, empleadores y gobiernos y la negociación colectiva adquieren una importancia vital para proteger tanto la salud de los trabajadores como sus derechos en el trabajo.

Los gobiernos deben estar a la altura del desafío, afrontar la crisis desde ya mismo y prepararse y prevenir futuras crisis sanitarias. Los trabajadores y sus lugares de trabajo resultan cruciales para ello.

El Consejo Global Unions (CGU), que representa a 200 millones de trabajadores y trabajadoras en todo el mundo, insta a los gobiernos a:

El CGU insta a los empleadores a:

Todos los trabajadores y trabajadoras, cuando fuera necesario, deberán tener acceso a pruebas médicas gratuitas, tratamiento, equipamiento, formación y facilidades para recibirla, especialmente si se dedican a aportar servicios de salud. Ha de prestarse especial atención a la situación de los trabajadores migrantes, muchos de los cuales resultan particularmente vulnerables. Debe protegerse además la privacidad e información personal de los trabajadores que se sometan a pruebas y exámenes médicos como parte de la respuesta a la amenaza del COVID-19. Los trabajadores deberán poder volver a reincorporarse a su lugar de trabajo habitual tan pronto como resulte posible a nivel práctico en caso de que las medidas locales y/o nacionales de confinamiento les impidan hacerlo por motivos financieros o logísticos.