Sindicalista asesinado en Filipinas
Dandy Miguel recibió ocho disparos de sicarios no identificados mientras viajaba en motocicleta a su casa desde su lugar de trabajo. Justo antes, Miguel había presentado una denuncia ante la Comisión de Derechos Humanos, en la que criticaba las ejecuciones extrajudiciales de nueve activistas pertenecientes a ONG y sindicatos del 7 de marzo, fecha también conocida como el “Domingo sangriento”, en Calabarzón.
El Domingo sangriento ocurrió luego de que el presidente filipino, Rodrigo Duterte, ordenara abiertamente a las fuerzas de seguridad que dispararan a los comunistas en caso de que estos portaran armas. No obstante, ninguna de las víctimas —activistas de derechos humanos y organizadores comunitarios vinculados a organizaciones legítimas— estaba armada.
“Los sicarios de Miguel deben ser arrestados y llevados ante la justicia de inmediato. La familia de Miguel y las otras víctimas deben tener derecho a interponer recursos y obtener reparaciones por parte del Estado”,
expresó el secretario general de IndustriALL, Valter Sanches.
“IndustriALL se suma a los reclamos de la Comisión de Derechos Humanos para que se ponga fin a toda represión contra los defensores de los derechos humanos, incluidas las detenciones ilegales, el acoso y las acusaciones de terrorismo sufridas por los sindicalistas en el país”.
El año pasado, el Consejo Global Unions organizó un día de acción mundial contra las ejecuciones extrajudiciales y el etiquetado de los sindicalistas como “rojos” en Filipinas. El gobierno de este país aún no ha respondido.
Miguel fue presidente del Sindicato Fuji Electric de Filipinas y vicepresidente de Pamantik-KMU, afiliado a IndustriALL a través de la Alianza de Trabajadores Metalúrgicos de Filipinas (MWAP).
Julius Carandang, el portavoz de la MWAP, expresó:
“Condenamos con vehemencia el asesinato de Miguel, quien luchaba por los derechos de los trabajadores en la provincia. Su asesinato es una prueba más de una cultura generalizada de impunidad y un clima hostil para el sindicalismo independiente en el país”.
“La ley antiterrorista, el equipo operativo nacional para poner fin al conflicto comunista local, ha permitido a los militares, la policía y sus seguidores etiquetar a los sindicalistas y activistas desarmados como terroristas. Nos unimos a los sindicatos del país para luchar contra la violencia y la ilegalidad”.
Debido a la pandemia de COVID-19, aún está pendiente una misión de alto nivel de la OIT con respecto a los asesinatos de sindicalistas.
